Planes sociales ideados por 8 presidentes colombianos han convivido con la violencia
Los efectos del conflicto armado en Colombia son incuantificables. Lo
complejo desde sus inicios y la suma de actores armados que han aparecido con
el paso de los años y que se han unido a otros factores, han provocado que
alcanzar la paz sea un anhelo frustrado para generaciones.
Pero, bien o mal, en diferentes gobiernos se han hecho esfuerzos para
sacar al país de esa oscura etapa e iniciar una nueva historia.
Desde 1958, seis décadas atrás, se han implementado planes para tratar
de acercar el Estado a las poblaciones más apartadas, no circunscribiendo el
problema sólo a la seguridad sino también a lo social. Ello hace deducir que
históricamente ha habido negligencia, mezquindad política, corrupción e
intereses oscuros. Porque la dura realidad ha mejorado, pero no lo suficiente.
La deuda sigue siendo grande.
De acuerdo al trabajo Conflicto armado y configuración territorial, publicado
en el año 2016, en 60 años ocho presidentes han ejecutado al menos 12 programas
o negociaciones tendientes a frenar el conflicto armado con atención social.
Alberto Lleras Camargo emprendió el Plan de Rehabilitación de zonas
afectadas por la violencia en el año 1958. Seis años más tarde se impulsó la
Reforma Agraria, por parte de Carlos Lleras Restrepo. Luego en 1974, Alfonso López Michelsen promovió el Plan de Desarrollo Rural Integral (DRI).
Al llegar a la presidencia Belisario
Betancourt nació el Plan Nacional de Rehabilitación en el año 1983, el cual
continuaron Virgilio Barco en 1986 y César Gaviria Trujillo en 1991.
Ernesto Samper Pizano en 1995 enfocó la presencia estatal en las zonas
vulnerables a través del Programa de Desarrollo Alternativo (Plante) en 1995,
iniciativa seguida por el Sisben y la Red de Solidaridad Social en 1996.
Andrés Pastrana Arango tuvo su intento fallido de negociación con la
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) con la zona
de distención en San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá a comienzos
de la década del 2000. Tras el fracaso del proceso arrancó el Plan Colombia,
conceptualizado como un Plan para la Paz, la Prosperidad y el fortalecimiento
del Estado.
En el año 2004, Álvaro Uribe Vélez continuó con el Plan Colombia en
simultáneo con las acciones de ataque a los grupos al margen de la ley que
denominó la Seguridad Democrática. Creó la Agencia de Acción Social y Cooperación
Internacional, y el Centro de Coordinación y Acción Integral. También logró el
sometimiento parcial de cabecillas paramilitares que se sometieron, a través de
los tribunales de Justicia y Paz, con penas máxima de 8 años de cárcel, pero
desmovilizándose, reparando a las víctimas y contando la verdad. Varios
cabecillas terminaron extraditados a Estados Unidos.
El período presidencial más reciente de Juan Manuel Santos, entre otras
instancias, en el año 2011 estableció la Unidad Administrativa Especial para la
Consolidación Territorial en 51 municipios.
El 4 de septiembre de 2012 se iniciaron formalmente las conversaciones
con las Farc, hasta el 24 de agosto de 2016. Un mes después el 26 de septiembre
en Cartagena se firmó oficialmente el acuerdo, el cual fue sometido a votación
ciudadana el 02 de octubre del mismo año y en el referéndum se impuso el “No”,
por cuestionamientos a algunos de los aspectos aprobados.
La victoria de quienes pedían mejoras al Acuerdo para la Terminación
Definitiva del Conflicto, llevaron a que se hicieran modificaciones -no de
fondo- y se rubricara nuevamente el 24 de noviembre en Bogotá, lo cual fue
respaldado con votación en la Cámara de Representantes y Senado, el 29 y 30 de
noviembre de 2016.
El plazo de cumplimiento total es de 15 años y lo más polémico ha sido
el sometimiento a la justicia de los excombatientes, porque ya aseguraron su participación
en política y el 11 de marzo de 2018 se les asignó los 10 puestos en el
Congreso, tal como se había establecido en la negociación, pese a no alcanzar
los 60 mil votos.
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